En uno de mis casos, un asegurado de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se vio forzado a recurrir a servicios médicos privados, debido a la ineficiencia y demora en la atención brindada por el sistema de salud pública. A pesar de estar al día con sus obligaciones como asegurado, no recibió una respuesta médica oportuna ni adecuada a su condición de salud, situación que afectó su bienestar y lo llevó a incurrir en gastos significativos por tratamientos particulares.
Frente a esta vulneración de sus derechos, presenté una demanda contra la CCSS con el fin de que asumiera su responsabilidad por la falta de atención médica efectiva. Como resultado de esta acción legal, se logró una sentencia favorable que obligó a la institución a indemnizar en su totalidad los gastos en los que el asegurado incurrió para resguardar su salud.
Este caso reafirma que el acceso oportuno a la atención médica no es un favor, sino un derecho. También demuestra que es posible exigir cuentas al sistema público cuando incumple con sus deberes fundamentales hacia los ciudadanos.
